Andalucía propone que un fondo proteja la financiación autonómica frente a los ciclos de crisis económica

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que un fondo proteja la financiación autonómica frente a situaciones de crisis económica. Según ha explicado, se trataría de salvaguardar los recursos que las comunidades destinan a salud, educación y servicios sociales en momentos de recesión económica, de modo que queden blindados efectivamente los pilares del Estado de bienestar.

La constitución de fondos de estabilización en el nuevo modelo de financiación autonómica permitiría sincronizar "de forma efectiva" la evolución cíclica de los ingresos de las comunidades y los gastos cuya competencia tienen asumidos. Estos fondos, nutridos con recursos tanto estatales como autonómicos, minimizarían los efectos del ciclo sobre los ingresos públicos, de modo que pudieran ser retirados en momentos recesivos, aunque "sin posibilidades de manipulación por parte de las distintas administraciones públicas", según ha puntualizado.

Durante su participación en una jornada sobre financiación autonómica organizada por BBVA Research en Madrid, Montero ha reiterado la necesidad de abordar un nuevo modelo orientado a logar una mayor equidad, en el que queden recogidas "en la medida de lo posible" las reivindicaciones de las comunidades. Como punto de partida, en la base del futuro sistema de financiación proponía delimitar "qué valores queremos proteger" para, en una segunda fase, cuantificar el gasto regional en relación con los servicios públicos fundamentales, con el fin de dotarlo "realmente" con los recursos suficientes.

La consejera ha señalado que el punto de arranque del nuevo modelo de financiación debe ser la evaluación del coste promedio de los servicios públicos. Es necesario acometer la evaluación del coste de prestación de los servicios públicos fundamentales en unos niveles adecuados y dignos para un país desarrollado como España, convirtiéndose dicho coste en el mínimo de financiación de los servicios públicos fundamentales. Esta cifra sería revisada anualmente al alza con un índice de evolución combinado de la economía y de los costes de prestación.

La consejera ha recordado que el actual sistema de financiación se ha demostrado "injusto e insolidario con Andalucía", al no proporcionar recursos suficientes y comprometiendo el Estado de bienestar, así como el desarrollo económico y el crecimiento futuro. En este sentido, se ha referido a un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que calcula que, en 2013, Andalucía gastó 1.253 millones menos de lo que le correspondería si el sistema de financiación le hubiese proporcionado los recursos adecuados a sus necesidades de gasto "bien ajustadas". Por ello, ha calificado de "crucial" su correcta definición, ya que subir en tan solo una décima el porcentaje de población ajustada representaría más de 70 millones de euros adicionales.

Esfuerzo adicional

A pesar de ello, ha destacado que la Junta sigue realizando un gran esfuerzo para mantener las prestaciones de los servicios públicos fundamentales y ha cuantificado en más de dos mil millones de euros los recursos con los que cada año suplementa el Fondo de Garantía para financiar sanidad, educación y política social. Asimismo, ha aludido a los 4.156 millones de euros, correspondientes a los cinco ejercicios liquidados, con los que habría contado la Junta de haberse situado en la media de financiación de las comunidades autónomas.

La consejera también ha aludido a la mayor autonomía fiscal concedida a las comunidades y que, sin embargo, ha tenido efectos desiguales generando, incluso, situaciones de 'dumping' entre regiones. Así, una moderada subida en el IRPF en Madrid o en Cataluña logra un aumento de ingresos por habitante imposible para otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. El aumento de una décima en el tipo medio del IRPF lograría 6 euros por habitante en Andalucía y el doble en Madrid, 12 euros por habitante, y casi el doble en Cataluña 10 euros por habitante.

Por todo ello, además de la constitución de los nuevos fondos de estabilización, Montero ha reclamado otras medidas, como la distribución vertical "consensuada y razonada" de los objetivos de déficit y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los distintos niveles de gobierno, para lo que proponía la evaluación de los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades suponen en el gasto público total para trasladar esta participación hacia los ingresos. De este modo, se estimaría el desequilibrio fiscal a efectos no solo de fuentes tributarias sino también de objetivos de déficit y endeudamiento.

Recuperar autonomía

Respecto a los actuales mecanismos extraordinarios de financiación como el FLA, la consejera ha propuesto su "desactivación progresiva" en aras de recuperar autonomía y corresponsabilidad fiscal. Ello supondría definir instrumentos alternativos de financiación, de ahí que haya abogado por que las comunidades autónomas recuperen la capacidad de emitir deuda, aunque inicialmente tengan que ser avaladas en algunos tramos por el Tesoro.

En este proceso de transición también ha reivindicado la "condonación parcial" de deuda autonómica con el Estado, como alternativa a la aportación estatal de nuevos recursos. En este sentido, aclaraba que no se trata de "indisciplina fiscal" sino que debe interpretarse como una "compensación" ante las deficiencias financieras generadas por el actual sistema que, además, debería estar vinculada a los esfuerzos fiscales diferenciales de las comunidades por lo que se realizaría con carácter "asimétrico y diferenciado". Según ha expresado, "la distinción entre déficits coyunturales y estructurales sería clave, al tiempo que nos sincronizaríamos con la gobernanza fiscal europea".

Montero también ha apostado por abordar un proceso de armonización fiscal "efectivo" en aquellos impuestos que se han convertido en "herramientas" de competencia fiscal como el de Sucesiones, de ahí la necesidad de estudiar el establecimiento de límites al ejercicio de las competencias normativas que ya apuntó el Informe Lagares. De forma complementaria, habría que avanzar en una definición "más solvente" de las recaudaciones normativas que "implícitamente" marcan el esfuerzo fiscal de las comunidades.

El objetivo sería evitar situaciones "difíciles de explicar" como que la recaudación normativa por tasas afectas a servicios sea el doble en Andalucía que en Cataluña. Asimismo, señalaba que el IRPF traslada su progresividad, en forma de mayor recaudación, a las haciendas de las regiones ricas, mientras que los impuestos sobre el consumo, que conllevan un mayor esfuerzo fiscal de los que tienen menor capacidad adquisitiva, no benefician de forma diferencial a las comunidades de menor renta. De ahí que haya defendido que se tengan en cuenta la mayor propensión media a consumir de las regiones con PIB per cápita más bajo, circunstancia que no ocurre en el modelo actual.